Canarias no impartirá Educación para la Ciudadanía hasta el curso 2008-2009El Archipiélago, junto a otras diez comunidades, no arrancará el próximo curso con esta asignatura, que desde la Consejería se defiende por sus contenidos universales, frente a las críticas de varios colectivos, que creen que intenta incidir en la moral familiar.
La comisionada para la Reforma Educativa de la Consejería de Educación, Isabel de Luis, aseguró ayer que la asignatura Educación para la Ciudadanía, una de las novedades de la Ley Orgánica de Educación (LOE), no se empezará a impartir en Canarias en el próximo curso 2007-2008, que comienza en septiembre.
En los currículos que se publicaron la pasada semana se determina que esta materia se aplicará en 6º de Primaria (2009-2010) y en 2º de la ESO (2008-2009).
La responsable educativa consideró, por tanto, que el caso de la primera familia canaria que ha presentado su escrito de objeción a esta nueva materia en la isla de La Palma "no va a tener una consecuencia directa en el próximo curso, porque ninguno de sus hijos va a cursar Educación para la Ciudadanía".
Al respecto, De Luis añadió que está actuación forma parte del colectivo Profesionales por la Ética, que ha hecho una campaña sobre esta asignatura a nivel nacional, "a la cual tacha de dirigismo ideológico y que interviene en competencias que corresponden a la moral familiar". Explicó que, no obstante, este colectivo no ha abordado la realidad de Canarias con respecto a esta materia, en función de los pasos que se han dado.
En el caso concreto de la objeción en Canarias, la comisionada para la Reforma Educativa señaló que "al no ser un tema urgente, no tomaremos ninguna determinación, y esperaremos a lo que decida el Estado, porque vamos a aplicar la normativa en sus justos términos". Sin embargo, puntualizó que, si por acción de estos colectivos se genera jurisprudencia, "tomaremos las decisiones oportunas, aunque en estos momentos, con las leyes en la mano, hay que velar por su cumplimiento".
Esta demora en la puesta en práctica de la nueva asignatura también afectará a las comunidades autónomas de Baleares; Castilla-La Mancha; Castilla-León; Ceuta; Melilla; Galicia, Madrid; Murcia; La Rioja y Valencia, "mientras que entre las que la aplicarán en 3º de la ESO 2007-2008 están el Principado de Asturias, Cantabria, Cataluña y Extremadura".
Con relación a los términos de esta nueva materia, Isabel de Luis consideró que se trata de "contenidos que están consensuados, en los que intervinieron asociaciones de diferente ideología y naturaleza".
Así, señaló, respecto a las críticas que se han venido suscitando, que la asignatura "persigue ayudar a los alumnos a pensar, a hablar, a participar o a estar informados", lo que contrasta, según el criterio de la responsable educativa, con la visión de aquellos que la califican como una intervención en la ética y moral familiar, pues añadió que se quiere aportar a los alumnos "aquellos elementos que les permitan ser ciudadanos críticos, reflexivos e informados".
Insistió, a modo de ejemplo, que en 3º de la ESO se contemplan tres bloques, en los que se abarca el individuo y las relaciones personales, la autonomía, la responsabilidad, la dignidad humana o el reconocimiento de la diferencia de los sexos, la identificación de las desigualdades y los derechos. Además, también explicó que hay contenidos relacionados con los valores de la vida en comunidad, así como la convivencia y la identificación de las distintas instituciones y los hábitos cívicos. En Primaria, dijo que los contenidos discurren desde la educación vial al medio ambiente, "aspectos que comprenden una moral universal basada en el respeto a los derechos humanos", lo que, a su juicio, "no interfiere en la moral de nadie, sino que es universal y aplicable para todo el mundo".
De Luis señaló que, "si la ley no se modifica", aquellos alumnos cuyos padres decidan que no la van a cursar no podrán promocionar de curso, debido a su obligatoriedad. Incluso, recordó que desde el Ministerio "se ha advertido a los centros -principalmente privados- que se opongan a aplicar esta normativa, que esta decisión puede ser objeto de expediente y la posible suspensión de los conciertos con la Administración.
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